El grado de inversión
MEXICO PERDIÓ en agosto de 1982, por primera vez, su grado de inversión, cuando el gobierno en turno declaró que no podría pagar sus deudas. Pasaron casi dos décadas antes de recuperarlo (8 de marzo de 2000). Entonces, muchos mexicanos entendieron para qué sirve esa categoría que otorgan las agencias calificadoras como S&P, Moody’s o Fitch, entre otras.
Perder el grado de inversión significa que no eres solvente como país, que no se cuenta con suficiente liquidez para pagar, que ya no eres atractivo para las inversiones productivas del exterior y se anula de golpe la posibilidad de que alguien te preste dinero. Una decisión de ese tamaño tiene graves consecuencias negativas en el crecimiento económico, empleo, progreso y bienestar.
Quienes nos incorporamos al mercado laboral entre 1980 y el año 2000 fuimos la generación de las crisis. Vivimos para pagar deudas y comprobar que nuestra moneda valía muy poco, que los empleos eran mal pagados y que la pobreza crecía.
Desde el año 2000, los organismos financieros internacionales y las agencias calificadoras nos revisan y dan sus veredictos sobre todo tipo de indicadores económicos.
Desde el nuevo siglo, México ha tenido cierta estabilidad, crecimiento mediocre, endeudamiento admisible e incremento en la inversión. Pero en los últimos ocho años, la situación ha cambiado drásticamente: La deuda interna se elevó de manera insostenible (vamos por los 20 billones en los próximos dos años), el crecimiento de la economía ha sido de 1 por ciento en promedio y las expectativas no son halagüeñas, luego de que las agencias calificadoras han bajado de estable a negativa la perspectiva de deuda soberana.
Estamos en la zona de alerta roja, podríamos perder el grado de inversión y sería imprudente una caída a nivel de basura en los papeles que emite o respalda el gobierno.
El tema no es menor y no son convincentes los comentarios oficiales de que regresaremos a la perspectiva de “estable” por parte de las calificadoras, si el gasto público crece y los ingresos no equilibran.
Usted podría decir que las reservas internacionales, que ya superan los 256 mil millones de dólares, son suficientes para atajar una embestida financiera, pero no es así, pues esos recursos apenas alcanzarían para evitar una corrida o fuga de capitales, durante una semana.
Hay quien podría alegar que los empresarios y banqueros que tanto adulan al presidente a presidenta en turno serían solidarios en una situación de crisis, pero es así. Los dueños del capital no son madres de la caridad ni monjes franciscanos. Ellos cubren sus pérdidas. Casi todos tienen dinero resguardado fuera del país y sólo regresan a hacer negocios, cuando hay seguridad y certeza. Son pocos los que se la juegan por el país.
La última consecuencia que trajo S&P al cambiar de estable a negativa la perspectiva crediticia de México golpeó de manera muy negativa a 12 instituciones financieras, debido al bajo crecimiento económico que esperamos para todo el sexenio. La decisión de S&P elevó el nivel de la deuda pública y la presión fiscal derivada del apoyo a Pemex y CFE.
La determinación de la calificadora también puso en revisión negativa la perspectiva de Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes, porque dichos gobiernos, como todos los demás en la nación, dependen en gran medida de las transferencias federales y tienen poca capacidad para aislarse de un posible deterioro en la calificación soberana del país.
Así que más nos vale no perder el grado de inversión, si no queremos otros 30 años de crisis económica, desempleo y marginación.
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