EU viene por ellos
EL ESCENARIO está diseñado para actuar. No será sólo una Fiscalía en Brooklyn, sino todo el equipo de inteligencia de EU. La semana pasada, la narrativa fue la misma. Tanto el presidente Donald Trump, como Sara Carter, zarina antidrogas y Terry Cole, administrador de la DEA, anunciaron que actuarían en contra de los narcopolíticos de México y el mundo.
La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP), Sara Carter, fue directa: “Si no cooperas con nosotros, vamos por ustedes y se van a arrepentir”. La del jefe de la DEA, Terry Cole, también: “ningún rango está fuera, ningún refugio es permanente y ninguna organización está por encima de la rendición de cuentas”.
El 10 de junio, Trump insistió en la necesidad de hacer operativos por tierra en México en contra de los cárteles que realizan el tráfico de drogas y el fentanilo, y generó incertidumbre comercial al subrayar que está dispuesto a no renovar el T-MEC con México y Canadá.
El 13 de junio, el Comando Sur de Estados Unidos, al que México no pertenece, abatió a Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias el “Niño Guerrero”, líder del cártel criminal Tren de Aragua, durante un bombardeo en Venezuela. A eso se refiere Trump cuando habla de operativos por tierra.
El domingo pasado, en una entrevista con Jan Jekielek para el programa American Thought Leaders, fue aún más clara: “Se mantendrá la presión no sólo contra las organizaciones criminales, sino también contra funcionarios y actores políticos que faciliten o protejan las operaciones de los cárteles”.
Ahí quedó establecido que EU actuará contra los capos de las drogas y sus aliados, sean políticos y figuras convertidas en empresarios, con empresas de fachada y alianzas para lavar dinero.
Los agentes de la CIA y la DEA, que actúan en México como lo han hecho durante décadas, tienen una radiografía de las rutas del lavado de dinero en el circuito financiero y dan seguimiento a quienes están ubicados como aliados de los cárteles del narcotráfico.
Carter detalló que Estados Unidos trabaja para cortar el financiamiento de las organizaciones del crimen organizado y sus aliados y fue contundente en su entrevista: “El objetivo es impedir que mantengan capacidad operativa. Hay que seguir el dinero y quitarles el dinero”, porque los grupos criminales dependen de sus recursos económicos para sostener sus estructuras.
Las declaraciones de los funcionarios estadounidenses encargados de aplicar la justicia y las sanciones penales, ya han provocado pánico entre los narcopolíticos que han mantenido alianzas con los cárteles de las drogas estadounidense, y entre los bancos, casas de bolsa otras entidades financieras no bancarias que han facilitado el lavado de dinero.
El 29 de junio se vence el plazo de 60 días para que proceda la detención con fines de extradición del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, la del senador, Enrique Inzunza, y la de otros siete acusados por el Departamento de Justicia de EU por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
Podríamos suponer, haya o no entrega de pruebas o cumplimiento de las normas del Tratado de Extradición entre EU y México, que el gobierno de Trump vendrá por la primera tanda de narcopolíticos.
Quien tenga oídos que oiga.
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