*Actualizaciones que no son aumentos de impuestos * IMPI-SACM-Concanaco
TODOS LOS gobiernos en turno, desde hace décadas, denominan actualizaciones a las alzas a las tarifas y precios públicos que se aplican en México, para no caer en el garlito de llamarlos aumentos o alzas de impuestos.
A la mayoría de esos impuestos o derechos o aprovechamientos, como guste llamarles, se les cuelga la tasa de inflación obtenida al cabo del año y todos los incrementos entran en vigor el 1 de enero de cada nuevo año.
Así, suben los precios de todo tipo de documentos oficiales que solicitamos, como licencias, pasaportes, actas de nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, permisos para construir, circular autos sin placas, obtener la placa, abrir un negocio, etc.
También suben los precios de productos que consumimos a los cuales el gobierno les cobrará un impuesto adicional, como es el caso de los refrescos, el alcohol, los cigarros, entre otros.
Además de todos estos pagos obligatorios, cada año el gobierno y los legisladores autorizan aumentos en los llamados derechos y aprovechamientos en los que el contribuyente no tiene un beneficio directo, pero cuyos recursos captados sirven para financiar el gasto público general. En estos rubros se incluyen los pagos por multas, infracciones a la ley, cuotas compensatorias, uso de carreteras, la tenencia y la verificación vehicular, a la que no le quieren llamar derecho, ni aprovechamiento, sino contribución ligada al impuesto a la tenencia vehicular.
En fin, hay cientos de ejemplos que podríamos citar, pero el camino es el mismo: pagar para financiar el gasto público.
Molesta que las autoridades hacendarias hablen de una actualización y no un aumento de impuestos cuando proponen elevar de 0.5 por ciento al 0.9 por ciento el cobro mensual de “la tasa de retención” del IMPUESTO SOBRE LA RENTA que se aplicó en el gobierno de AMLO con fines únicamente recaudatorios.
Irrita que casi tengamos que agradecer a la autoridad hacendaria que sólo haya aumentado 0.9 por ciento esta tasa de retención del ISR, “porque en realidad se debería pagar una de 1.77 por ciento si se aplicara “la metodología vigente hasta este año”.
Nos falta llamar a todo por su nombre. Lo que no es voluntario es impuesto, y lo que aumenta de precios, con aprobación del Congreso de la Unión, no es actualización, sino simple arbitrariedad.
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NOS COMENTAN que el IMPI, la SACM y la Concanaco trabajan coordinadamente en la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor. Hubo ya dos reuniones de representantes de esas instituciones de gobierno con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo para reforzar la lucha contra la piratería, proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor, así como acordar tarifas públicas de regalías, acorde a la realidad de cada tipo de negocios y para evitar la discrecionalidad.
El posicionamiento de los tres organismos, a los que se sumó la Secretaría de Economía, se produjo como respuesta a la reciente denuncia de Iván Pérez Ruiz, presidente de la Canaco Servytur Ciudad Juárez, quien aseguró que inspectores del IMPI, a solicitud de la SACM, exigen pagos diversos por la transmisión de música en establecimientos de esa localidad, bajo amenaza de iniciar procedimientos legales.
Al respecto, durante la mañanera del 19 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y a Santiago Nieto, titular del IMPI, para atender el señalamiento de Pérez Ruiz.
Por esa razón se trazará una propuesta de convenio nacional que establezca reglas claras en beneficio de todas las partes, incluidas las micro y pequeñas empresas, de acuerdo con lo que establece la ley de la materia y la autoridad competente para el cobro de derechos de autor en negocios que reproducen música.
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