EL DÉFICIT público ha sido una constante en las administraciones priistas, panistas, perredistas y ahora morenistas. No importa si el gabinete económico está encabezado por egresados del ITAM, la UNAM, el IPN, Harvard o las Universidades para el Bienestar, las recetas son las mismas, y cuando hay carencia de recursos sólo queda pedir prestado, elevar impuestos o hacer recortes al gasto público.
Algunas medidas son menos populares que otras, pero todas conducen al mismo resultado: Baja el poder adquisitivo, hay nulo crecimiento en el ahorro, aumenta la deuda del país y las familias. En suma, se genera un golpe duro y directo contra el bienestar.
Muchas de estas medidas que nos hacen incurrir en déficit han sido causa de crisis sexenales. Basta una simple equivocación en el gabinete financiero para quedar atrapados, como ya hemos visto en años anteriores.
Hay otras salidas para allegarse recursos, como la venta de activos públicos, que han sido sello de otros gobiernos, pero queda claro que esa no es ni será la motivación del régimen de Claudia Sheinbaum. Al contrario, se inyectarán más recursos a Pemex y CFE, así como a los programas sociales.
El déficit público, desde 1990 a la fecha ha sido en promedio de entre 2.5 y 3 por ciento del PIB. Hemos tenido pisos de 0.68 por ciento y picos de hasta 4.5 por ciento, pero nunca de 5 por ciento como se espera sea el cierre de 2024. No es malo incurrir en déficit público, Lo peligroso es perder el control de esa variable.
Las calificadoras, aunque no son bienvenidas por el gobierno de México, tienen una influencia importante en todos los esquemas de inversiones, por lo que la Secretaría de Hacienda debe tener cuidado de no equivocarse si no desea cerrar las puertas al capital para atraer recursos para lo que necesite el país.
En el Paquete Económico para 2025, que aprobará el Congreso de la Unión en las próximas semanas, se estima bajar el déficit a -3.2 por ciento, cifra superior al -2.5 por ciento que se reveló en los Pre Criterios 2025.
No debemos ignorar que, en su medida más amplia, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Púbico (SHRFSP) se incrementará a 51.4 por ciento, cuando la previsión era de 50.1 por ciento, y que en medio de todas las jorobas de deuda, PEMEX y CFE tendrán como metas un superávit en 0.7 por ciento y 0.1 por ciento del PIB, lo que francamente será muy complicado de lograr.
Ya se dijo que PEMEX recibirá una transferencia por 136 mil millones de pesos para el pago total de las amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios, lo que mejoraría su balance financiero, pero será muy difícil o muy costoso lograr que se abran los mercados de capital para la paraestatal.
Para la CFE se programa una transferencia de 85 mil millones de pesos (mdp) y una meta de superávit financiero de 40 mil millones de pesos (mdp).
Para cubrir todas las necesidades del país, Hacienda estima que los ingresos del sector público se ubicarán en 8.05 billones de pesos, un crecimiento en términos reales del 3.3 por ciento. Como proporción del PIB, se espera que los ingresos se incrementen de 22.3 a 22.2 por ciento del PIB entre 2024 y 2025, respectivamente.
Los ingresos tributarios crecerían en 3.0 por ciento, con un dinamismo de 2.5 por ciento en el ISR en 2.5 por ciento; 2 por ciento en IVA, 6.5 por ciento en IEPS, mismo porcentaje previsto en la importación de mercancías, el cual está fincado en la actualización a 544 fracciones arancelarias que pagan un impuesto máximo de 25 por ciento y que se revisó hasta 50 por ciento.
Adicionalmente, se anuncia un incremento en impuestos a la minería por derechos especial y extraordinario del 7.5 por ciento al 8.0 por ciento y del 0.5 por ciento al 1.0 por ciento, respectivamente.
Ojalá todo salga conforme a lo esperado, sin tener que mordernos la lengua en caso de equivocaciones.
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