El SAT con la espada desenvainada * Antonella Vázquez-Riviera Maya
EL SERVICIO de Administración Tributaria (SAT) demostró que hace bien su chamba. Presumió crecimiento de 1.6 por ciento en el primer bimestre de este año al alcanzar una recaudación por 1 billón 124 mil 620 millones de pesos.
Está muy bien que el SAT meta al acelerador y cumpla su misión, porque podríamos tener una crisis económica de rango mayúsculo, como las sufridas en el pasado por razones de balanza de pagos, por tipo de cambio, por endeudamiento excesivo en dólares o por crisis energética, entre otras dos decenas de circunstancias.
La guerra de Medio Oriente empieza a cobrar facturas aunque no estemos involucrados. Los precios de las gasolinas y materias primas se han disparado y amenazan a la inflación global de tal forma que los bancos centrales afilan aumentos en los réditos.
Pero el SAT podría hacer más si el jefe de ese organismo, Antonio Martínez Dagnino, se ocupara también de quienes no pagan impuestos, y no sólo ordene presionar a quienes tiene en su padrón de contribuyentes o arrastran créditos fiscales, muchos de los cuales se ven obligados a hacer dobles pagos bajo acciones que rayan en la extorsión o fallos emitidos por un Poder Judicial a modo o que prácticamente anularon el derecho de amparo.
No es un secreto que en México circulan cifras multimillonarias de efectivo, y que se requiere más acción dentro del circuito bancario y financiero. Hay muchas presiones desde EU, principalmente del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para que se haga más trabajo, sobre operaciones monetarias encubiertas y se realicen acciones conjuntas para frenar a las organizaciones criminales dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México.
El SAT debe trabajar más allá de la simple recaudación y revisar montos en bienes y activos adquiridos por los nuevos millonarios del anterior y presente sexenio, y no sólo guardar silencio cuando la Corte se niegue a reabrir expedientes por manejo de efectivo para campañas políticas o mantener lejanía ante nuevos empresarios que de la noche a la mañana hicieron grandes fortunas, construyeron desarrollos turísticos, hoteles, restaurantes, crearon industrias de diversos giros o abrieron nuevas empresas y cuentas bancarias cuyo origen de recursos no parece lícito.
Así que hay mucho trabajo de campo y el SAT no debería tener sólo en radar a las cámaras empresariales e industriales para exigir pagos indebidos e inusuales, que provocan perjuicio patrimonial.
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REGISTROS PÚBLICOS y documentos mercantiles pusieron en el centro del debate a la abogada y activista Antonella Vázquez Cavedon, fundadora de una organización ambiental en la Riviera Maya, al evidenciar vínculos profesionales con sociedades relacionadas con servicios inmobiliarios y turísticos en la región.
La litigante ha participado en diversos procesos legales contra proyectos en zonas costeras de Quintana Roo y en recursos promovidos contra el Tramo 5 del Tren Maya, con el argumento de daños a manglares, cenotes y selva.
La información ha generado cuestionamientos entre distintos actores del sector turístico y de la construcción sobre posibles conflictos de interés entre su actividad profesional y su participación en litigios ambientales.
Especialistas y personajes involucradas en el tema, señalan que, en un contexto de fuerte expansión inmobiliaria en el Caribe mexicano, advierten que la transparencia sobre vínculos empresariales de quienes encabezan denuncias ambientales es clave para sostener la credibilidad del activismo y de los procesos legales.
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