Graves daños económicos por la reforma judicial
ANTE LA negativa del presidente López Obrador de pausar o dar marcha atrás con su reforma al Poder Judicial o eliminación de este, debemos retomar el asunto de los riesgos económicos y financieros para México.
Los efectos negativos ya se observan. En el mercado cambiario, el peso mantiene el episodio de presión y volatilidad. La semana pasada el dólar cerró en los $19.68 pesos, pero tocó máximos de $19.95. El ajuste semanal fue del 2.8 por ciento. Se prevén más movimientos de debilidad de peso y no se percibe un escenario de confianza para que el peso enfrente menor incertidumbre.
En los réditos también hay movimientos negativos. Aunque los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México consolidan la idea de que habrá un recorte de 25 puntos base el próximo 26 de septiembre, el mercado local de tasas de interés mantiene altos niveles de volatilidad. El Mbono con vencimiento a 3 años registró un cierre semanal de tasa alrededor del 9.69 por ciento, con 20 puntos base de alza. En el vencimiento a 10 años cerró la semana alrededor del 9.65 por ciento, con ajustes de alza de 13 puntos base.
En todos los casos los efectos perniciosos se deben a la propuesta de reforma al Poder Judicial y los ajustes importantes a los organismos autónomos. Las inversiones se verán afectadas, tanto las de carácter productivo como las de cartera.
Para los expertos lucen complicados los cambios que se quieran hacer en la política monetaria después de la reunión de septiembre.
Con las tasas de interés tan elevadas y el dólar presionando al peso mexicano, podemos admitir lo que se difundió en el documento de Precriterios 2025, en el cual se estima que para 2024 el costo financiero de la deuda será de un billón 229 mil millones de pesos, equivalente a 3.6 por ciento del PIB, el porcentaje más elevado desde 1991. Además, para 2025 se estima ese mismo costo financiero de deuda en un billón 230 mil millones de pesos (3.4 por ciento del PIB), por lo que se registraría el segundo porcentaje más elevado desde 1991.
Hay que señalar que todas estas previsiones no incluyen aún el posible aumento de las tasas de interés por la percepción de mayor riesgo con la aprobación de las reformas en el Congreso, ni tampoco por la posible pérdida del grado de inversión.
Cifras de la Secretaría de Hacienda muestran que en 2023 la colocación de valores gubernamentales ascendió a 5 billones 326 mil millones de pesos, lo que a una tasa implícita de 7.09 por ciento que se menciona en el informe de la SHCP para el IV trimestre de 2023, implica 377 mil 600 millones de pesos por concepto de intereses. Si esta emisión se repite en 2024, y con un punto más en la tasa de interés, es probable que los réditos serán de 430 mil 900 millones de pesos, 53 mil 300 millones de pesos más. Las cifras son abismales y abrumadoras
Los analistas del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) consideran que una elevación ahora en la tasa de interés sobre la deuda mexicana no es favorable para el desarrollo económico y que la reforma judicial y la desaparición permanente de los órganos independientes tendrían consecuencias de más largo plazo que otras decisiones del sexenio, como fue la cancelación del AICM o el desmantelamiento del sector salud, lo que generó efectos más profundos.
El costo de las reformas propuestas será muy grave si admitimos que la economía de México creció 1 por ciento en promedio en el sexenio de López Obrador.
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