EL PAQUETE Económico 2026, que será sometido a votación de los legisladores, probablemente sin modificaciones como en el sexenio pasado, es objeto de varias coincidencias por parte de analistas y empresarios, entre los que sobresalen la necesidad de elevar más deuda pública, la urgencia de una reforma fiscal integral para cumplir con los objetivos de la consolidación fiscal y un crecimiento económico pírrico.
Los vericuetos del documento están claros y complicados: No será fácil reducir el déficit público, gastar 10.1 billones de pesos, aumentar impuestos sin costo social, generar certeza para las inversiones y sacrificar con recortes a rubros vitales como la seguridad, la salud y la educación, entre otros.
La estabilidad de las finanzas públicas dependerá de muchos factores, sobre todo el apego fiel al gasto previsto y al dinamismo del PIB que este año se revisó a la baja (0.5 por ciento -1.5 por ciento) y se elevó para el próximo año (1.8 por ciento a 2.8 por ciento), una visión demasiado optimista si consideramos todas las presiones externas.
Aumentar el IEPS a bebidas saborizadas sólo pegará a los sectores más pobres de la población. Está comprobado que las alzas en los impuestos a los vicios (alcohol y cigarros) nunca reducen el consumo, y la afectación a las apuestas y videojuegos sólo generará señales de incertidumbre.
Encajar nuevamente el diente gubernamental en el capital de los ahorros de los mexicanos, es un robo en despoblado, ya que la propuesta de un incremento en la tasa de retención del ISR a los intereses generados por depósitos bancarios, que pasa de 0.5 por ciento a 0.9 por ciento para 2026, es una medida que no fomenta ni el ahorro ni el consumo.
Analistas de BBVA, Banco Base, Kapital e Invex, entre otros coinciden con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en que el Paquete Económico 2026, con gasto total de 10.1 billones de pesos (bdp) y con ingresos estimados en 8.7 bdp, generará un déficit y un nivel de endeudamiento de 4.1 por ciento del PIB, apenas por debajo del proyectado para 2025, pero todas esas cifras se proyectaron dentro de un escenario con supuestos optimistas de crecimiento económico.
El elevado déficit público del año pasado, el más alto de los últimos 40 años, obliga a mantener la consolidación fiscal, pero el gobierno se quedará sin margen para implementar una política fiscal contracíclica.
Si hay un crecimiento económico menor al previsto por la Secretaría de Hacienda, pero más acorde con los estimado de Banco de México y del Fondo Monetario Internacional, no se cumplirá la meta de superávit primario para el próximo año. Entonces, habrá que hacer mayores recortes al gasto público discrecional, lo que será un reto considerable cuando en 2026 nos reclamarán más amortizaciones de deuda de Pemex.
Está claro que a mediano plazo, será necesaria una reforma fiscal, porque la presión sobre el gasto público continuará debido a la ampliación de los programas sociales y el pago de pensiones.
No olvidemos que México es el país de la OCDE con menor recaudación fiscal (porcentaje del PIB) y uno de los más bajos de América Latina. Además, la disciplina fiscal se ha mantenido en los últimos años mediante recortes a los presupuestos de salud y educación, lo que afectará el crecimiento potencial del país y limitará la movilidad social.
Respecto a la Ley de Ingresos, se proyecta un incremento real de 62.2 por ciento en los ingresos por impuestos de importación respecto a lo aprobado en 2025, lo que equivale a 97.7 mil millones de pesos adicionales. La estimación es posible por los aranceles adicionales a países con los que no tenemos acuerdos comerciales, como China e India.
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